El proceso degradatorio del cura Hidalgo se llevó a cabo el 29 de julio de 1811 en una de las salas del Hospital Real de Chihuahua, y consistió en rasparle con un cuchillo la piel de la cabeza, las palmas de las manos y las yemas de los dedos para arrancarle, simbólicamente, el orden sacerdotal. A continuación lo despojaron de sus ornamentos religiosos y le quitaron la sotana, para después entregarlo al gobierno español para que lo fusilara, sin ninguna de las prerrogativas y beneficios eclesiásticos en que antes se amparaba cualquier reo.
El juez militar, Ángel Abella, reunió todas las “evidencias” que se le presentaron para demostrar la culpabilidad de Hidalgo. De esa manera, tanto las preguntas–acusaciones referentes a la fidelidad al rey y a la patria, como las relativas a la obediencia a las autoridades eclesiásticas y a su desempeño como sacerdote, estaban destinadas a encontrar claros indicios que hicieran inapelable su condena. Hidalgo declaró que sí se enteró de que “el santo tribunal de la fe…” lo emplazó a comparecer por ser cabeza de la insurrección y “para responder a los cargos de herejía que le resultaban por causa pendiente [iniciada en 1800] en dicho tribunal”.
La avalancha de cargos hizo que Hidalgo fuera encontrado culpable y condenado a muerte; en consecuencia, su degradación sacerdotal fue consumada ese mismo día (29 de julio), por “el doctoral de la Santa Iglesia“ de Durango, monseñor Francisco Fernández Valentín. En la certificación respectiva se lee: “Después de la degradación, y despojado de los ornamentos sagrados, con la ceremonia que manda la santa Iglesia, fue registrado [...] No habló más, procediéndose al acto conmovedor, arrancándole las vestiduras sacerdotales, aplicando el anatema formidable de la santa Iglesia, y para que fuese entregado al juez militar y ejecutar la sentencia.
En Chihuahua, a las siete de la mañana del 30 de julio de 1811, cayó ante el pelotón de fusilamiento el cura Hidalgo. Tenía entonces 58 años de edad. La población del siglo XIX pudo ver la cabeza de Miguel Hidalgo colgada en una jaula en una de las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas. Esta acción tuvo un efecto religioso y político. De acuerdo a documentos del Archivo General de la Nación, Miguel Hidalgo fue considerado un reo de alta traición, para quien cualquier tipo de muerte no castigaría lo suficiente su “atrocidad“.
Decreto de excomunión
En el decreto de excomunión –expedido el 24 de septiembre de 1810, por Manuel Abad y Queipo, obispo electo de la diócesis de Valladolid, Michoacán,– se declara, entre otras aspectos, que Hidalgo, Allende, Aldama y Abasolo eran perturbadores del orden público, seductores del pueblo, sacrílegos y perjuros, que incurrieron en ex comunión mayor del canon siquis saudante diabolo.
El odio exacerbado que la jerarquía eclesiástica de la época profesaba hacia la persona de Hidalgo era descomunal: “Sea condenado Miguel Hidalgo y Costilla, en dondequiera que esté. Que sea maldito en la vida o en la muerte, en el comer o en el beber; en el ayuno o en la sed, en el dormir, en la vigilia y andando, estando de pie o sentado; estando acostado o andando. Que sea maldito en su pelo, que sea maldito en su cerebro, que sea maldito en la corona de su cabeza y en sus sienes (…) Que el hijo del Dios viviente, con toda la gloria de su majestad, lo maldiga. Y que el cielo, con todos los poderes que en él se mueven, se levante contra él. Que lo maldigan y condenen. ¡Amén! Así sea. ¡Amén!”.
La excomunión decretada por Abad y Queipo, cabe precisarlo, fue ratificada por otros obispos y arzobispos como Lizana y Beaumont, porque el religioso se “rebelaba” en contra de la Corona española. Esta excomunión, desde luego, tenía una finalidad claramente política.
La doctora Patricia Galena, ha señalado que la esencia de la expulsión religiosa de Hidalgo del seno de la Iglesia católica era descalificarlo frente al pueblo, en el momento en que era el líder de un movimiento insurgente. En opinión de Galeana, “la Iglesia católica no tiene por qué participar en esta conmemoración, porque México es un Estado laico (…) Esta institución excomulgó a Miguel Hidalgo, el Padre de la Patria, y además no reconoció la gesta independentista sino hasta el año de 1836” (Milenio, 28 de marzo de 2008). En lo que a mí respecta, no solo estoy de acuerdo con la reputada historiadora, sino que hago votos por que se siga manteniendo el perfil académico y laico que esta organización requiere. ¡Amén, así sea!
El juez militar, Ángel Abella, reunió todas las “evidencias” que se le presentaron para demostrar la culpabilidad de Hidalgo. De esa manera, tanto las preguntas–acusaciones referentes a la fidelidad al rey y a la patria, como las relativas a la obediencia a las autoridades eclesiásticas y a su desempeño como sacerdote, estaban destinadas a encontrar claros indicios que hicieran inapelable su condena. Hidalgo declaró que sí se enteró de que “el santo tribunal de la fe…” lo emplazó a comparecer por ser cabeza de la insurrección y “para responder a los cargos de herejía que le resultaban por causa pendiente [iniciada en 1800] en dicho tribunal”.
La avalancha de cargos hizo que Hidalgo fuera encontrado culpable y condenado a muerte; en consecuencia, su degradación sacerdotal fue consumada ese mismo día (29 de julio), por “el doctoral de la Santa Iglesia“ de Durango, monseñor Francisco Fernández Valentín. En la certificación respectiva se lee: “Después de la degradación, y despojado de los ornamentos sagrados, con la ceremonia que manda la santa Iglesia, fue registrado [...] No habló más, procediéndose al acto conmovedor, arrancándole las vestiduras sacerdotales, aplicando el anatema formidable de la santa Iglesia, y para que fuese entregado al juez militar y ejecutar la sentencia.
En Chihuahua, a las siete de la mañana del 30 de julio de 1811, cayó ante el pelotón de fusilamiento el cura Hidalgo. Tenía entonces 58 años de edad. La población del siglo XIX pudo ver la cabeza de Miguel Hidalgo colgada en una jaula en una de las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas. Esta acción tuvo un efecto religioso y político. De acuerdo a documentos del Archivo General de la Nación, Miguel Hidalgo fue considerado un reo de alta traición, para quien cualquier tipo de muerte no castigaría lo suficiente su “atrocidad“.
Decreto de excomunión
En el decreto de excomunión –expedido el 24 de septiembre de 1810, por Manuel Abad y Queipo, obispo electo de la diócesis de Valladolid, Michoacán,– se declara, entre otras aspectos, que Hidalgo, Allende, Aldama y Abasolo eran perturbadores del orden público, seductores del pueblo, sacrílegos y perjuros, que incurrieron en ex comunión mayor del canon siquis saudante diabolo.
El odio exacerbado que la jerarquía eclesiástica de la época profesaba hacia la persona de Hidalgo era descomunal: “Sea condenado Miguel Hidalgo y Costilla, en dondequiera que esté. Que sea maldito en la vida o en la muerte, en el comer o en el beber; en el ayuno o en la sed, en el dormir, en la vigilia y andando, estando de pie o sentado; estando acostado o andando. Que sea maldito en su pelo, que sea maldito en su cerebro, que sea maldito en la corona de su cabeza y en sus sienes (…) Que el hijo del Dios viviente, con toda la gloria de su majestad, lo maldiga. Y que el cielo, con todos los poderes que en él se mueven, se levante contra él. Que lo maldigan y condenen. ¡Amén! Así sea. ¡Amén!”.
La excomunión decretada por Abad y Queipo, cabe precisarlo, fue ratificada por otros obispos y arzobispos como Lizana y Beaumont, porque el religioso se “rebelaba” en contra de la Corona española. Esta excomunión, desde luego, tenía una finalidad claramente política.
La doctora Patricia Galena, ha señalado que la esencia de la expulsión religiosa de Hidalgo del seno de la Iglesia católica era descalificarlo frente al pueblo, en el momento en que era el líder de un movimiento insurgente. En opinión de Galeana, “la Iglesia católica no tiene por qué participar en esta conmemoración, porque México es un Estado laico (…) Esta institución excomulgó a Miguel Hidalgo, el Padre de la Patria, y además no reconoció la gesta independentista sino hasta el año de 1836” (Milenio, 28 de marzo de 2008). En lo que a mí respecta, no solo estoy de acuerdo con la reputada historiadora, sino que hago votos por que se siga manteniendo el perfil académico y laico que esta organización requiere. ¡Amén, así sea!
Felicidades veo que ya aprendiste a manejar bien la bitácota
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